de liquidez al Ayuntamiento de San Martín de la Vega (19.600 habitantes). El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al parque de
atracciones Warner a pagar 1,25 millones de euros al Consistorio por un
convenio urbanístico firmado el 31 de diciembre de 2005 entre ambas partes y la
empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio. La alcaldesa, Carmen
Guijorro (PP), ha anunciado que este dinero se destinará a servicios y mejores
para el municipio. Contra el fallo, no cabe recurso al ser esta la última
instancia.
Warner y el Ayuntamiento surge a raíz del convenio de 2005. Según consta en la
sentencia, en ese acuerdo se recogía una modificación de las normas
subsidiarias del planeamiento de San Martín de la Vega de forma que el
municipio cedía terreno a la entidad de ocio. Según el convenio, la sociedad
debía pagar unas cantidades anuales al Ayuntamiento para facilitar los trámites
de cara a modificaciones en los terrenos en los cinco años siguientes.
de 2009 del propio TSJM anuló el acuerdo de la Comisión de Urbanismo que daba
el visto bueno al convenio. Entendían los jueces que su firma «no
respondía a una razón urbanística de carácter general municipal ni a criterios
de ordenación territorial o de interés público«.
de salvar a una sociedad, cuyo capital en un 60% pertenece a entidades
mercantiles privadas, de la difícil situación económica por la que atravesaba.
La modificación recurrida está viciada de desviación de poder, puesto que el ejercicio
de la potestad del planeamiento no fue encaminada a servir al interés público
urbanístico«, concluyeron los magistrados en 2009.
ahora por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del
TSJM, confirma una dictada por el juzgado número 29 de Madrid. Este ya recogió
que los propietarios del parque debían pagar lo estipulado en el convenio de
2005. Los propietarios del parque Warner apelaron ante el TSJM. Entendían que
el pago de los 1,25 millones de euros procedía de un convenio que resultó
ineficaz al ser anulado por la justicia. Es más, hablaron de enriquecimiento
injusto por parte de la Administración.
sentencia que el Ayuntamiento de San Martín entregó a la Comunidad de Madrid
los derechos urbanísticos que recogía el convenio. El Ejecutivo regional los
transmitió a su vez a un tercero, por lo que el Consistorio «cumplió con
su obligación». Los magistrados también condenan al pago de las costas
procesales, que cifran en 1.000 euros.
















