Desde julio del año 2008, nuestro municipio cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas del día. Si en algo estaremos de acuerdo, es que una ambulancia todo el día en San Martín tranquiliza a los vecinos al saber que en caso de algún accidente, tendremos un vehículo preparado para traslados urgentes.
La cuestión llega en cuanto a su financiación y prestación. Cualquier organismo sea público o privado que desea hacer frente a un servicio con un determinado coste, debe prever cuál es dicho coste y si es alcanzable y aceptable para el tamaño y estado de sus cuentas.
Pero estamos hablando del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, dónde se gobierna a base de pan y circo, y dónde en años pasados se asumieron servicios y costes desorbitados y no apropiados para un ente público como el nuestro. El servicio de ambulancias no es competencia de los ayuntamientos, sino en este caso de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid se negó a prestar este servicio a los vecinos de San Martín de la Vega, y frente a ello, en vez de insistir, el gobierno local decidió contratar una ambulancia por su cuenta, asumiendo exclusivamente un gasto de 300.000 € al año. Una vez contratado, llegaron las fotos, las placas y los aplausos.
El dinero no es infinito y tras una nefasta gestión económica, las arcas locales se vaciaron conllevando una falta persistente de pagos a la empresa del servicio de ambulancia (entre otras, muchas otras). Ello ha originado que la empresa de la ambulancia, llamada SASU, abandonara el pasado mes la prestación del servicio para evitar su quiebra, y salió literalmente huyendo de nuestro pueblo.
Es decir, nos quedamos con la ambulancia pero sin servicio y sin personal. Aparte de una deuda pendiente de 218.805 € con la empresa citada con anterioridad, la cuál se llevó unas taquillas, una televisión, algunas pertenencias más y a correr.

Frente a esto, el Ayuntamiento corría el riesgo de defraudar por primera vez a sus vecinos (
risas) e incumplir por primera vez una promesa electoral (
más risas) adquirida en las pasadas elecciones del año 2007.
Para evitarlo, el gobierno local ha llegado a un acuerdo con la Protección Civil (agrupación de voluntarios marginados por la alcaldesa Mª Carmen Guijorro durante estos últimos años) y que fuesen ellos los que atendiesen el servicio de la ambulancia durante las 24 horas del día de aquí en adelante… pero, ¿cobrando?
Un voluntario, como su propia palabra indica, no puede cobrar ya que actúa desinteresadamente y es por lo que está en Protección Civil, lo cuál les honra. ¿El Ayuntamiento va a pagar a estos voluntarios? ¿Acaso eso no supone una ilegalidad?
Si no es así, el Ayuntamiento está prestando un servicio directamente, ¿sin contratar a trabajadores mediante una oferta de empleo público? ¿Sin contratar el servicio de ambulancia a través de un concurso público? ¿Cuál es la cobertura legal de este servicio en la actualidad?
Se dice, se cuenta, que podrían tener la intención de pagarles… Evidentemente esto es una leyenda urbana, además el nuevo cura calificó como MILAGRO que esta alcaldesa pague a alguien que contrata.