El servicio de la ambulancia municipal, activado desde julio de 2008, ha visto su fin el 1 de septiembre de este año. Desde entonces, aquellos que por cualquier causa necesiten el servicio de uno de estos vehículos deberá contactar en el 112 (aunque según cuentan algunos usuarios con la ambulancia municipal también era así).
Así lo anunció el gobierno local en la revista de septiembre, en la última página del panfleto y en apenas tres párrafos (cuando lo activaron lo anunciaron en portada). Alegan que han tomado esta decisión «debido a la dura situación de crisis económica y futuras modificaciones legales que van a producirse a corto plazo, en las que se limitará por Ley el gasto de las administraciones«.
Estas modificaciones son las llevadas a cabo con la reforma de la Constitución, por el cual se establece un principio genérico de estabilidad presupuestaria, lo que supondrá que a partir de 2020 los gobiernos (Estatal, autonómicos y municipales) tendrán limitado su endeudamiento. En el caso de los Ayuntamientos, el techo de déficit será cero, es decir, que a partir de 2020 deberán tener sus cuentas saneadas.
Continúa la noticia afirmando que «las circunstancias económicas y la falta de ingresos en el Ayuntamiento, nos imponen la suspensión temporal de este servicio (…) Sabemos de lo difícil de esta decisión, pero la responsabilidad de quienes gobernamos este municipio está a día de hoy, muy por encima de la obtención de réditos políticos«.
Por un lado, las circunstancias económicas en el Ayuntamiento no son nuevas ni mucho menos. El coste de la ambulancia se encontraba en torno a los 300.000 € anuales, asumidos íntegramente por el Consistorio. La empresa que gestionaba el funcionamiento de la ambulancia salió huyendo en diciembre de 2010, manteniendo con ella una deuda de 250.000 €.
Por tanto, no es entendible apelar a la responsabilidad con estas cifras, ya que desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento no puede hacer frente a este servicio. Si hubiesen sido realmente responsables, por muy duro que resulte hubiesen suspendido este servicio hace tiempo, al menos desde el primer momento en que no se podía pagar a la empresa.
Por otro lado, es difícil dejar a los vecinos sin un servicio tan fundamental como es el de una ambulancia, pero más difícil es comprender como la Comunidad de Madrid, de quién depende este área, puede negarse a facilitar este servicio cargándoselo a un Ayuntamiento y dejando a las personas dependientes y a las que en un momento dado lo necesiten, a la intemperie.
Finaliza este comunicado diciendo que «esperamos que el conjunto de las duras y difíciles medidas económicas que este Equipo de Gobierno está adoptando y tendrá que adoptar, sean una garantía para que en los próximos años, SMV alcance un desarrollo sostenible y un equilibrio presupuestario«.
Es extraño presumir de medidas económicas con las que lograr un equilibrio presupuestario, cuando por un lado recortan en servicios sociales (en este caso, ambulancia) y por otro aumentan el sueldo de los concejales del PP un 22% o la alcaldesa cobra dos sueldos, en el que uno de ellos se destinaba a ayuda social.
En definitiva, ojalá estuviésemos en una situación como para mantener una ambulancia y asegurar la prestación y la atención a las personas que lo necesitan, pero la situación económica requiere que cada Administración asuma sus competencias, aunque como en este caso, esta medida llegue muy tarde y la Comunidad de Madrid haga oídos sordos.